Señales contradictorias e inquietantes – LA NACION
















Un pedido de delegaciones del organismo para que se adelante información sobre la cosecha generó malestar en el agro

Los esfuerzos por continuar produciendo en el medio de la pandemia por el

Covid-19

parecían habían relegado a segundo plano el riesgo político. Sin embargo, esa escena se modificó en las últimas semanas.















































La decisión del

Banco Central

de limitar los créditos

con tasas de 24% a productores que almacenan más del 5% de sus cosechas de soja y trigo

y la intención de delegaciones regionales de la AFIP de

apurar los pedidos de información de existencias volvieron a poner el foco del ruralismo en las medidas del Gobierno

. A estas decisiones se sumó la pesificación acelerada de contratos forward que varios exportadores impulsaron la semana anterior.
































A priori parece razonable que un crédito de carácter subsidiado para enfrentar el cierre de la economía que obligó la pandemia no tuviera como destino a un sector que se mantiene en actividad. Sin embargo, el ruralismo entendió que se trataba de una nueva discriminación hacia el agro cuando todavía la cosecha no estaba terminada (ver aparte).




















El contexto en el que se tomó la medida no es inocuo: frente a la disparada de la cotización del dólar libre y en el medio de la negociación por la deuda externa, en las usinas del oficialismo se repitió otra vez el latiguillo de que el «campo retenía la cosecha y no liquidaba los dólares». Como es habitual se confunde el rol de cada parte de la cadena -productor, industria y exportador- y se lo coloca en el banquillo de los acusados. Los últimos números de compromisos de venta indican un aumento de 7 puntos porcentuales respecto de la campaña pasada.


Esa visión, además, omite un hecho esencial: la cosecha es propiedad privada, no un bien público. Si hay productores que deciden, a cuenta y riesgo propio, postergar sus ventas habrá que preguntarse cuáles son factores que influyen en esta decisión. En este caso, no hay que ser muy despierto para descubrir el impacto que provoca la brecha cambiaria entre las diferentes cotizaciones del llamado dólar libre y el dólar oficial. La memoria de los agentes económicos argentinos ofrece una respuesta a esa pregunta. Pero la decisión del momento y la forma de vender la cosecha corresponde a cada empresario agropecuario, a menos que se piense instaurar otro sistema.




















«Hay señales que alarman», afirma el presidente de la

Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina.

«En el Gobierno dicen que no quieren ir contra el campo, que se lo necesita para que la economía crezca, pero después toman medidas en contrario», añade. «Particularmente preocupa cuando van en contra de principios consagrados en la Constitución como la libertad de comercio o la independencia de los poderes como el judicial o el legislativo», advierte.











Para el presidente de la SRA, también resultan preocupantes declaraciones como las formuladas por el

ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que se refirió al herbicida glifosato como veneno.

Además de objetar ese planteo por no tener una base científica, Pelegrina cree que una manifestación de ese tenor en boca de un ministro «le puede provocar un daño a las exportaciones» del país.


Es en el frente externo, de mediano plazo, donde los ruralistas también pusieron el foco.

La Mesa de Enlace se reunió con el canciller Felipe Solá y sus funcionarios para aclarar la posición del Gobierno respecto de las negociaciones del Mercosur. Solá les dijo que no hay intención de alejarse del bloque regional ni de las negociaciones en marcha con otros bloques y países.

Los ruralistas expresaron que para el agro es clave ganar mercados internacionales.











Destacaron la necesidad de avanzar en el acuerdo de complementación económica con México -un importador neto de alimentos- y cerrar la negociación con Canadá. Respecto de Corea del Sur, Solá les aclaró que este país pretendía excluir los bienes agrícolas de la oferta de reducción arancelaria y que pretendía la reducción para bienes industriales.


Es positivo que tanto la Mesa de Enlace como la cadena agroindustrial se mantengan activos en las discusiones sobre comercio exterior y que procuren no dejar huecos o zonas grises en una administración con escasa mirada estratégica de la inserción argentina en la economía global.











El agro demuestra que tiene una dinámica capaz de sobreponerse a las dificultades. Lo están confirmando las estimaciones de siembra de trigo para la campaña 2020/21. El propio Ministerio de Agricultura, en su informe mensual, proyectó esta semana que el área sembrada alcanzaría los siete millones de hectáreas, un incremento de 1,4% respecto del ciclo pasado.


¿Obligará el Gobierno a impulsar una estrategia defensiva de los productores para que no inviertan en tecnología o contribuirá a lograr un buen volumen de cosecha para aprovechar las oportunidades del mercado internacional y asegurar el abastecimiento del mercado interno? El cereal será una buena prueba para despejar las incertidumbres.









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