Semana tensa que buscará recomponer el diálogo Nación-Ciudad por pandemia


Los funcionarios porteños esperan que en las próximas horas se acuerde el inicio de las rondas habituales que mantienen con sus pares nacionales para definir cómo continúa la política sanitaria y sostienen que se retomará el diálogo en ese sentido, pero no se dejará de lado la puja por el recorte de fondos que, durante el fin de semana, abundó en explicaciones y cuentas de uno y otro lado de los contendientes.

Durante varios encuentros el equipo de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, que conduce Gabriel Astarloa, prepara la presentación que entre mañana y pasado tienen previsto llevar a la Corte Suprema, de acuerdo al mandato del decreto que Larreta publicó el viernes pasado.

En esa norma, el jefe de Gobierno determinó instruir a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires “a promover la acción judicial que corresponda contra el Estado Nacional, a los fines de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 735/20, se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que dejen de ingresar en el futuro por aplicación del Decreto cuestionado, con más los intereses legales devengados y a solicitar una medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de los efectos de la norma impugnada”.

Es decir, el escrito irá por dos vías. Una es la medida cautelar para evitar que, como dice el decreto de Alberto Fernández, comiencen el descuento de los fondos ya mismo y que, para lo que resta del año, proporcionalmente el Gobierno porteño calcula en unos $13 mil millones de los $35 mil millones que sería el monto total de los fondos que en su momento se transformaron en puntos de coparticipación para transferir parte de la Policía Federal a la Ciudad, pero que se envían de los fondos que recibe la Nación.

Larreta quiere probar que el decreto de Alberto Fernández es además “arbitrario” y anticonstitucional, y para eso trabaja el equipo de abogados que debe sostener ese reclamo.

En principio, la decisión contraria a la Constitución Nacional sería la de imponer una medida que “desfinancia” el sistema de seguridad porteño. Argumentarán también en el sentido de tomar esa decisión sin previo aviso.

El decreto presidencial, por otra parte, impone que el Convenio de traspaso de la Policía a la Ciudad, tiene que pasar por el Congreso y que el Congreso definirá la partida, una discusión que tendría que darse cada año con la aprobación del Presupuesto Nacional. Cuando eso se concrete, la Ciudad recibirá -de acuerdo al decreto- el 1,40% de coparticipación, pero el resto ya sería una suma aparte y no un porcentaje de esa masa de impuestos que se distribuye entre las provincias.

Para Larreta “la reducción de dicho coeficiente resulta un acto unilateral del Poder Ejecutivo Nacional e implica una clara violación a las pautas constitucionales en materia de coparticipación, al principio de igualdad entre las provincias y otros principios constitucionales como el de progresividad y legalidad”. según su propio decreto.



Source link

Please follow and like us:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *