Cuatro policías protegieron prostíbulos y sólo les aplicaron multas de hasta $ 15 mil – 13/05/2019


Multa de 15 mil pesos e inhabilitación de 6 años para ocupar cargos públicos. Ese fue el veredicto condenatorio que el juez Diego Leif Guardia -del Tribunal Oral en lo Criminal N° 20- dictó este lunes contra el comisario Roberto Cabrini, ex jefe de la comisaría 38°, del barrio porteño de  Flores. ¿El delito? Encubrir el funcionamiento de los prostíbulos Doly’s, Envidia y Fama, instalados en la jurisdicción que estaba a su cargo, allá por 2009.

Cabrini llegó a juicio oral, tras 10 años de engorrosos trámites judiciales, junto a tres de sus antiguos subordinados, cuya suerte fue similar. Al subcomisario Jorge Durán se le impuso una multa de $ 10 mil y una inhabilitación de 5 años; para el subcomisario Alfredo Martínez, la multa fue de $ 7 mil y la inhabilitación de 4 años; y finalmente para el subinspector Sergio Rodríguez, la multa fue de $ 8 mil y la inhabilitación de 4 años. 

El lugar donde funcionaba el prostíbulo Doly's, en Flores. Foto Guillermo Rodríguez Adami

El lugar donde funcionaba el prostíbulo Doly’s, en Flores. Foto Guillermo Rodríguez Adami

Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo lunes. Entonces se sabrá un poco más sobre cómo el famoso “Caso Doly’s”, que dio el puntapié inicial para una megacausa en la que en 2010 quedaron bajo la lupa 20 comisarías porteñas, terminó sin siquiera penas de prisión en suspenso, como había pedido la fiscalía.

Algo de lo que ocurrió ya es público. La causa, que se inició a partir de una investigación de la UFASE (actual Procuraduría de Trata y Explotación de Personas -Protex-) sobre actas fraguadas en la comisaría 38° para encubrir prostíbulos, se extendió a una veintena de comisarías.

El prostíbulo Doly's, en Flores. Foto archivo Lorena Lucca.

El prostíbulo Doly’s, en Flores. Foto archivo Lorena Lucca.

El proceso quedó a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría, que en marzo del 2011 desplegó 400 gendarmes y 200 prefectos para allanar unos 40 boliches. El expediente prometía escándalos varios, pero se fue desinflando a fuerza de dividir la investigación en pedazos y repartirla por diferentes juzgados. Algunas puntas llegaron a buen destino, otras siguen paradas.

“En el Juzgado de Instrucción 42 está parada toda la investigación sobre supuestas actas fraguadas en el resto de las comisarías investigadas. No se hizo nada. Sólo el caso de la 38° -que estaba por separado- llegó a juicio. Voy a apelar el veredicto. Para mí es un escándalo porque nunca se probó la infracción a la Ley 12.331 que pena el proxenetismo. Mis clientes fueron condenados por encubrir algo por lo que nadie fue indagado”, aseguró a Clarín Alfredo Oliván, abogado defensor del ex comisario Cabrini y del ex subcomisario Durán.  

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Desde el lado de los fiscales que iniciaron la causa hace ya una década, la mirada es muy diferente. “Se pierde de vista que lo que pasó en la comisaría 38° no fue un hecho aislado, sino una forma institucionalizada de encubrir usando, paradójicamente, las herramientas que la ley procesal otorga a los funcionarios para hacer lo contrario: perseguir y probar los hechos delictivos”, le dijo a este diario Marcelo Colombo, titular de la Protex y denunciante original en la causa que incluía tanto a la seccional nombrada como a otras 19 en la protección sistemática del negocio de la prostitución.

La comisaría 38°, en Flores, tras el crimen de Brian Aguinaco por parte de motochorros. Foto Mario Quinteros

La comisaría 38°, en Flores, tras el crimen de Brian Aguinaco por parte de motochorros. Foto Mario Quinteros

“Los policías no sólo encubrieron el funcionamiento de prostíbulos prohibidos por ley y abiertamente auspiciados con letreros en avenidas centrales de su jurisdicción, y páginas de internet, sino que fraguaron actas públicas y declaraciones de testigos para materializar ese encubrimiento”, concluyó Colombo.

EMJ



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