Cuadernos II: Piden mandar a juicio a la viuda del ex secretario de los Kirchner y 24 testaferros


Inversiones en Argentina con plata negra entre el 2003 y 2015

El fiscal Stornelli solicitó enviar a esa última etapa a la ex esposa de Daniel Muñoz, Carolina Pochetti y 24 contadores, financistas, escribanos y prestanombres por la compra de inmuebles, autos de alta gama y empresas por más de U$S 100 millones.

La viuda de Daniel Muñoz Carolina Pochetti investigada en la causa de los cuadernos de las coimas y sus causas conexas.

El fiscal Carlos Stornelli pidió este viernes al juez Marcelo Martínez Di Giorgi la elevación a juicio oral de la viuda del ex secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, Carolina Pochetti y 24 testaferros, contadores, escribanos y financistas que permitieron lavar no menos de 100 millones de dólares en inmuebles, empresas, automotores y otros bienes provenientes de coimas pagadas por contratos de obra pública. Esa cifra no incluye los 70 millones de dólares que Muñoz invirtió en 24 inmuebles en Miami y Nueva York, 30 de los cuales terminaron invertidos en un terreno en las islas Turks and Caicos.

En un escrito de 220 páginas, Stornelli detalló cada una de las operaciones por las cuales desde el 2003 la supuesta asociación ilícita recibió dinero en efectivo, a través del circuito descubierto en la causa de los cuadernos de las coimas, y lo disfrazó para invertirlo desde cabañas en Neuquén, autos de alta gama, farmacias en Santa Cruz hasta la empresa de nebulizadores Sanup.

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En base a 112 pruebas y auditorías, Stornelli solicitó que vayan a juicio oral para que se determine si son culpables o inocentes los siguientes miembros del entorno de Pochetti (Muñoz murió en el 2016): Daniel Omar Blanco, Stella Marys Blanco, Daniel Roberto Eloy Bona, Gregorio Sebastián Ludman, Alejandrina Pochetti, Perla Aydeé Puentes Resendez, Pablo Gastón Raies, Víctor Alejandro Manzanares, Luis Antonio Gugino, Gabriel Fernández Dieguez, Fernando Martín Herrera, Susana Noemí Muñoz, Mauro Gabriel Profetico y Rubén Francisco Silva. La lista incluye a Marcelo Adrián Timpanaro, Pablo Alejandro Buscaglia, Andrés Mercuri, Mariano Antonio Montes, Fausto Alejandro Machado y de Roberto Néstor Sosa, y Carlos Temístocles Cortez, Leonardo Daniel Llaneza, Rubén Horacio Llaneza, Sergio Esteban Todisco y Elizabeth María Herminia Ortiz Municoy.

Para el fiscal Stornelli este caso se relaciona con la asociación ilícita y los cohechos pasivos investigados en la causa de los cuadernos nro. 9608/2018 caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita y otros”, e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud, todo ello al menos desde el año 2003 en adelante”. De dicha organización “también formaron parte otras personas respecto de las cuales ya se ha elevado la causa a la etapa de juicio en orden a su intervención en operaciones de reconducción de dichos activos ilícitos hacia el exterior”.

La causa se abrió por una denuncia hecha por el abogado Ricardo Monner Sans en el 2016 en base a la investigación “Panamá Papers” del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Además, la fiscal de Mar del Plata Laura Mazzaferi acreditó una serie de operaciones que los brokers inmobiliarios Todisco y Ortiz Muñicoy hicieron a través de financieras de esa ciudad a cuentas en la Banca Privada D’Andorra, Bank of America Y Norhrn Trust bank of Florida.

En el escrito de Stornelli están todos los descargos de los imputados. Por su parte, Carlos Temístocles Cortes confesó que recibió el dinero de Muñoz de esta forma “me lo daba en fajos de 10.000 dólares, recuerdo que en muchas oportunidades faltaban. Recuerdo que venían los billetes con olor a humedad”. Este y otros datos refuerzan la hipótesis que lanzó el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, en el sentido de que cuando murió Néstor, los testaferros se peleaban por “las llaves del tesoro”, es decir de lugares donde se escondía el efectivo.

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Stornelli recabó documentos, entre ellos informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) cuando era comandada por Mariano Federici, que “pusieron en evidencia que Héctor Daniel Muñoz y su círculo más íntimo desplegó un sistema conformado por sociedades y compañías a través de las cuales se pusieron en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal”.

Desde ese punto de vista, “se probó que los imputados intervinieron en distintas operaciones financieras tendientes a disimular la proveniencia del dinero, como así también su verdadera titularidad”.

Luego recordó que la causa n° 9608/18 puso en evidencia «la existencia de un mecanismo sistemático (de recaudación) en cuyo marco Cristina Elizabet Fernández (y Néstor Carlos Kirchner -hasta su fallecimiento-), en carácter de jefa, y los imputados Enrique Wagner, Roberto Baratta, Julio Miguel De Vido y Ernesto Clarens, en carácter de organizadores, habrían ideado, conformado y organizado una asociación ilícita, integrada también por el resto de los imputados, por quienes ya se requirió la elevación a juicio en el marco de las causas 9608, 13816, 13820, 18590 y demás conexas”.

Para el fiscal “esa organización tenía por objeto principalmente receptar fondos ilícitos en el marco de acuerdos espurios con empresarios, lo que les reportó ingresos o ganancias indebidas que, en parte, terminaron siendo canalizadas en las operaciones objeto de esta causa”.

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Luego señaló las pruebas reunidas a partir de los cuadernos del ex chofer de Baratta, Oscar Centeno y sostuvo que «Muñoz, en su carácter de ex Secretario Privado de ex presidente Néstor Kirchner, aparece en reiteradas ocasiones, a punto de erigirse como un denominador común entre los años 2008 y 2010, recibiendo el dinero obtenido a través de ese mecanismo de recaudación ilegal instaurado desde el Poder Ejecutivo Nacional en el domicilio particular de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernandez (Uruguay 1306 de esta ciudad y en la Quinta Presidencial de Olivos) y/o en otros puntos”.

Además, para Stornelli el grupo de los recaudadores que se conectaban con los empresarios que pagaban los sobornos “estaría conformado por Roberto Baratta (Subsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Lazarte (secretario privado de Baratta), y Hernán del Río, secretario de José María Olazagasti y éste último a su vez secretario privado de Julio Miguel De Vido, entre otros”.

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“El segundo grupo, por su parte, estaría integrado por Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y Ernesto Clarens, quien se encargaba, principalmente, de los asuntos financieros” para lavar las coimas, finalizó Stornelli en su pedido de elevación a juicio oral.

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