Aprobaron el nuevo Código Procesal Penal porteño, en medio de una polémica – 04/10/2018


Tras las denuncias de distintos sectores y la polémica previa, el Código Procesal Penal porteño fue modificado este jueves en la Legislatura. El proyecto sufrió algunos cambios respecto a su versión inicial. Aún así, ningún bloque de la oposición lo votó y al oficialismo le alcanzó su mayoría para aprobarlo con 33 votos contra 24.

Finalmente la “vigilancia electrónica” como una medida especial de investigación fue borrada del texto. La crítica era unánime y se preveía un escándalo político y judicial en caso de aprobarse.

En la práctica, la herramienta permitía acceder de manera remota a computadoras, celulares o artefactos electrónicos de los ciudadanos. Así se dejaba abierta la puerta a obtener información sobre la ubicación de GPS, los chats, o incluso utilizar el micrófono y la cámara del celular de un particular como forma de espionaje. 

Los puntos que más ruido causaron se encuentran la incorporación de las figuras de “informante” y de “agente encubierto”, “agente revelador” y “entrega vigilada” como medidas especiales de investigación, porque los delitos de competencia porteña en los que se aplicarían son muy menores.

“Lo novedoso son las nuevas medidas especiales de prueba que deben estar fundadas sobre la base de los principios de necesidad, razonabilidad y subsidiariedad, es decir si no queda otra, y todo esto bajo pena de nulidad”, dijo Claudio Cingolani, legislador de la Coalición Cívica / ARI (Vamos Juntos).

Para la oposición, estas figuras son exageradas para los delitos que son competencia de la Ciudad. A nivel nacional, esta modalidad está reservada para delitos complejos, como redes de trata o narcotráfico.

El problema es que no está contemplado un mecanismo de control para los agentes y el miedo es que la mayor discrecionalidad con la que contarán la Policía y la Justicia porteña derive en abuso de poder y connivencia con delincuentes, de acuerdo a las distintas críticas que recibió el proyecto.

Con respecto a los “informantes” en el kirchnerismo hablan de que esto puede convertirse en un “cheque en blanco para la Policía y la Justicia”. La izquierda dice que servirá para crear “un ejército de buchones a sueldo para aportar datos” e ir contra las organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos.

No obstante, entre las modificaciones realizadas al proyecto, se estableció que estas medidas especiales de investigación solo podrán aplicarse en causas por infracción a la ley de drogas 23.737 -no discrimina consumo de venta-, en los delitos contra la integridad sexual y en aquellos “cuyas penas fueran superiores a tres (3) años de prisión en abstracto y que se justifiquen en la complejidad de la investigación del hecho”, bajo autorización del juez.

“La figura de agente encubierto permite que un policía se infiltre entre un grupo de chicos del secundario para descubrir quién vende marihuana y por ahí es alguien que planta en su casa. Estamos de acuerdo con aplicar medidas excepcionales para perseguir crímenes complejos. Pero lo excepcional no puede ser la regla”, dijo Leandro Halperín del bloque Evolución y vicepresidente segundo de la comisión de Justicia en la Legislatura.

Otras reformas del nuevo Código contemplan la definición de plazos en las causas. Por ejemplo, para la investigación penal preparatoria, la duración deberá ser de hasta 90 días, con la posibilidad de ampliarse a 90 días más y, excepcionalmente, volver a extenderlo. Estos plazos son  mayores a los actuales, que eran de tres meses prorrogables por otros dos.

En cuanto a las escuchas telefónicas, actualmente tenían un período máximo de 30 días con la posibilidad de ampliarlo a 15 días más. Ahora, la Justicia porteña dispondrá de más tiempo para intervenir las líneas: 45 días, más otros 45.

La reforma del Código también recibió críticas desde la Defensoría General de la Ciudad. “Conlleva graves restricciones a la libertad personal, además de limitar, injustificadamente, el derecho a la asistencia y la defensa en juicio”, dijo el titular de esa institución, Horacio Corti.

Actualmente, los detenidos tienen derecho a ser asistidos desde el primer momento en que son aprehendidos. Pero con las modificaciones, el plazo podría extenderse a discreción de la Policía.

“El ejercicio del derecho a la asistencia jurídica podría estar supeditado a la efectiva propuesta de la persona imputada y de este modo se sustituirá al verdadero titular de la obligación de garantizar la asistencia, que es el Estado”, aseguró Corti. Temen que no se informará de inmediato a la Defensoría sobre las detenciones y de esta manera se abra una ventana para los “caranchos”, con arreglos previos con policías o funcionarios judiciales.

En el bloque oficialista Vamos Juntos resaltaron como un punto positivo la incorporación del concepto de víctima. “Creemos que es una necesidad que el Estado ponga en el centro de la escena a las víctimas, otorgándoles mayor contención y soporte durante un proceso penal que deben atravesar en búsqueda de justicia. Un abogado oficial gratuito, tal como hoy tiene quién es victimario, ayudaría en ese sentido”, señaló Natalia Fidel, del espacio Confianza Pública, dentro del bloque Vamos Juntos.

“Hay mejoras en los procesos de notificación electrónica, las audiencias en línea y la incorporación del concepto de víctima como algunos derechos que se le dan. Pero nosotros en Evolución presentamos un proyecto de sistema integral a la víctima y modificaciones que le dan más derechos que el proyecto que se aprobó. Si hubiesen leído en nuestro, que iba en consonancia con el aprobado en Nación, hubiesen tenido una mejor ley en los aspectos positivos y eliminado los errores groseros”, dijo Halperín.



Source link

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *